En línea con las reticencias expresadas a la opa desde el principio (hace ya trece meses), el Gobierno español ha impuesto al BBVA dos condiciones que deberá cumplir si quiere seguir adelante con la operación: que durante al menos tres años el Sabadell se mantenga como un banco independiente y que no haya despidos. No es un veto al proceso, sino un endurecimiento de las exigencias establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que complica las aspiraciones del banco vasco porque prohíbe su fusión durante tres años, ampliables otros dos más.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado este martes que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la opa con la condición de que ambas entidades mantengan durante ese tiempo fijado “personalidad jurídica, patrimonio separado y autonomía en la gestión”. Según Cuerpo, este requisito tiene como objetivo “proteger criterios de interés general” relativos a la financiación y crédito, en particular de las pymes, la plantilla, la red de oficinas y la obra social de sus respectivas fundaciones. Estos criterios no están relacionados con la defensa de la competencia, ya que este tema le corresponde establecerlo a la CNMC.
El mantenimiento de esa autonomía supone que el BBVA no podrá solicitar la fusión entre ambas entidades durante tres años y tampoco podrá realizar un ERE en ninguna de las dos entidades como consecuencia de la operación, tal y como quería. También, según Cuerpo, implica que se velará por la red de oficinas, ya que el banco vasco planeaba cerrar 300 sucursales. “Lo que estamos diciendo es que la entidad estará habilitada para solicitar la fusión una vez se dé por cumplida la condición que estamos poniendo”, ha apuntado el titular de Economía. A los tres años se evaluará la eficacia de estas exigencias y otra vez el Consejo de Ministros determinará si se amplía su duración otros dos años más.
Y ahora, ¿qué?
Una vez conocida la decisión del Gobierno español, ¿cuáles son los siguientes pasos? Para empezar, saber qué va a hacer el BBVA. Ahora empieza un proceso de análisis por parte del banco vasco sobre los efectos de estas condiciones y sobre si los números de la transacción, principalmente los ahorros de costes o sinergias, siguen siendo atractivos. Por el momento, el BBVA ha declinado hacer cualquier comentario tras la decisión del Consejo de Ministros, pero ha trasladado al supervisor bursátil que la está evaluando.
Mientras se resuelve la duda de si el grupo presidido por Carlos Torres tira la toalla o sigue adelante con sus planes de compra del Sabadell, también está la opción de que el banco recurra la decisión del Consejo de Ministros al Tribunal Supremo, una opción que ya barajaba Torres y para la que tiene dos meses de plazo. Fuentes jurídicas explican a Efe que el banco tiene incluso en su mano la posibilidad de solicitar al alto tribunal la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros como medida cautelar.
Torres interpreta que el Ejecutivo puede “mantener o suavizar” los compromisos pactados entre el banco y la CNMC pero nunca endurecerlos, así que no parece que vaya a gustarle la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Lo que está claro que es el culebrón iniciado hace 13 meses continúa. Si sigue adelante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que esperar a que el banco vasco actualice el folleto de la opa con las condiciones que acaba de imponer el Gobierno español a la operación para analizarlo y después aprobarlo. Un proceso que podría llevar tres semanas una vez iniciado. Además, nada más conocerse la decisión del Consejo de Ministros, el Sabadell ha exigido que el BBVA proporcione información sobre el impacto de las condiciones que le ha impuesto el Gobierno, tanto en materia de las sinergias esperadas por la operación como en su capacidad de retribuir a los accionistas.
Fuentes de la entidad catalana explican a Europa Press que el banco vasco deberá empezar un proceso de análisis y dar información cuanto antes a las partes afectadas. Asimismo, reiteran su confianza en la solidez de su proyecto en solitario y en su capacidad para generar valor para sus accionistas.
Celebración en Catalunya
Las condiciones impuestas por el Gobierno español han sido, de hecho, muy bien recibidas en Catalunya. Sin ir más lejos, el president Salvador Illa ha celebrado que se haya puesto por encima “el interés general, con unas condiciones que garantizan la competencia equilibrada, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas”. También ha aplaudido la decisión la patronal catalana, Foment del Treball, que ya estimó que se perderán 75.000 millones de euros en crédito a pymes con la fusión.
Sin embargo, del otro lado está la Comisión Europea, que ha vuelto a recordar este martes al Ejecutivo español que “cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público” y ha advertido de que “utilizará sus poderes como guardián de los tratados europeos”.
